Código penal a la basura
La complicidad de muchos jueces con miembros de bandas criminales, es difícil de ocultar. En otras entregas hemos documentado el caso de una jueza en Simojovel (Renata Cabrera) que ha sido cambiada de sede en infinidad de ocasiones, precisamente porque la gente la acusa de liberar a peligrosos criminales con módicas fianzas... Sí, pero la cuota que éstos deben pagar a ella, es alta altísima.
En Tapachula, existe otro funcionario de esa misma calaña. Víctor Adolfo Vera Morales, Juez Primero del ramo penal, ordenó la inmediata liberación, primero, de una pandilla completa acusada de delitos graves y luego, de un violador que ahora, en libertad, acosa, persigue y amenaza a las víctimas que lo señalaron de dichos delitos.
Conocidos como "Los caballeros de la moto negra", los delincuentes liberados son además, militantes de la temible Mara Salvatrucha, originarios, la mayoría, de Honduras. Según el extenso expediente de los personajes ahora operando con la anuencia de un juzgador inescrupuloso, éstos se han dedicado al robo de vehículos, motocicletas, comercios y transeúntes.
De acuerdo a documentos oficiales, conforme han establecido vínculos con policías estatales y municipales, se han tornado cada vez más violentos, de tal manera que se sospecha de su participación en al menos 14 asaltos con saldo de heridos graves y por lo menos, cinco homicidios, siete violaciones y dos secuestros.
La ley penal en Chiapas establece claramente que por tales delitos, no deberían alcanzar fianza. El solo hecho de ser miembros de una banda delincuencial, los inhabilita para ser candidatos a salir bajo fianza. Sin embargo, la corrupción y la impunidad, les ha favorecido y hoy, siguen asolando a toda una ciudad y sus alrededores.
No es la primera vez que un juez se vende al mejor postor. Es cotidiano saber que peligrosos delincuentes obtienen su libertad ante jueces corruptos que negocian la seguridad de la sociedad con los criminales. Si revisamos cada juzgado, cada expediente, tendremos resultados alarmantes en materia de administración de justicia.
Al principio de ésta columna mencionamos el caso la jueza Renata Cabrera; en el norte de la entidad, liberó a un grupo de secuestradores, mismos que apenas una semana después de liberados, participaron en la masacre de una familia en Tabasco. Ésta misma jueza liberó hace unos meses a otro grupo de secuestradores en Simojovel, pese a que fueron capturados en flagrancia. Esos delincuentes, según se tiene conocimiento en los corrillos policiales, han participado en infinidad de asaltos violentos en la región.
Insisto: No son los únicos jueces corruptos: hay muchos, muchísimos de ellos pululando en los juzgados sin que ningún superior suyo haga lo conducente para cesarlos y llevarlos a los tribunales para que paguen por sus delitos. Impensable que algún día, sean juzgados.
Una fuente del Poder Judicial nos indicó en días pasados que la cadena de corrupción es tan extensa y sólida, que cualquiera que llegue con la intención de limpiar a ese organismo, o termina renunciando (si es muy honrado, desde luego) o se vuelve parte de dicha cadena.
¿Habrá alguna esperanza que ello cambie alguna vez? Francamente, lo dudamos. Tampoco es la primera vez que se denuncia el tráfico de influencias en ese Poder y nada sucede. Como recordatorio, desde los inicios de la década pasada, en diversas instancias se sentenció a Antonio Córdoba Cordero a pagar un fraude millonario cometido contra una familia a cuyo jefe estafó, aprovechando su repentino fallecimiento. Córdoba Cordero se ha negado a pagar declarándose en quiebra, lo que constituye un fraude a la ley, en virtud de solo haber traspasado sus propiedades a otras personas.
Hoy, éste mismo personaje se regodea en cafeterías y restaurantes, levantando su bandera de triunfo sobre la justicia y lo que es peor, se apunta, dicen, para ser parte del gabinete venidero. Ojalá el gobernador electo, Manuel Velasco Coello, sea oportunamente informado del ladrón que quiere incrustarse en su equipo de trabajo y haga que se cumplan las sentencias en su contra, antes que otorgarle cotos de impunidad. Y ojalá que el Poder Judicial revise el trabajo de sus jueces. No más impunidad ni corrupción, ha sido el lema del actual gobierno. Son los rateros que no quieren escuchar y cumplir tal mandato.
Imaginario
Son muchos los compromisos económicos del Ayuntamiento de Tuxtla y tantas las deudas heredadas como para que sobre eso, los líderes sindicales se lleven una buena parte del presupuesto. Recientemente se descubrió que el remedo de sindicato que preside Carlos Valdivieso, cobra más de un millón de pesos para pagar 58 plazas ficticias, aunque oficialmente, están reconocidas como plazas "de aviadores". Es decir, plazas que no existen y que por tanto, permiten al rufián en cuestión, quedarse con esa cantidad de dinero mal habido aunque, en caso de existir los espacios laborales, los "beneficiarios", apneas reciben una migaja para mantener cerrado el pico.
Enfrente, Roque Morales, quien presume ser el dueño del otro sindicato de trabajadores municipales, tiene a 79 aviadores o plazas ficticias por lo que también, hace cobros millonarios. ¿Lo sabe la base trabajadora? Lo dudamos. Les dan atolito con el dedo y nada sucede.
La avaricia y ambición de Valdivieso y Morales, deben ser frenadas. Los sindicatos son para defender los derechos de los trabajadores, no para hacer negocios a espaldas de éstos. Porque a costillas de éstos, han pedido recursos extraordinarios que, por supuesto, los empleados del Ayuntamiento, no ven.
El sindicalismo, como vemos, es ahora tapadera de sinvergüenzas. Nada más y nada menos.
amksheratto@hotmail.com
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